En octubre de 2024, el Gobierno eliminó los valores de referencia aduaneros y los veedores sectoriales que controlaban la verificación de mercadería importada. En enero de 2025 amplió el régimen courier. En febrero, la Resolución 16/2025 flexibilizó las certificaciones de producto. El resultado: más apertura, menos controles.
No es la primera vez que esto ocurre. En 2022, la AFIP detectó 722 empresas con maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, con un perjuicio al Estado estimado en casi USD 1.000 millones. Los mecanismos existían entonces. Hoy, varios de ellos fueron desmantelados.
Esta columna no es una defensa del proteccionismo ni una crítica ideológica a la apertura. Es una observación técnica, desde adentro del comercio exterior, sobre lo que pasa cuando se abre la canilla sin revisar los caños.

Lo que la apertura de importaciones no dice — y que le cuesta caro al Estado, a la industria nacional y a quienes trabajan cumpliendo reglas.
La apertura de importaciones que impulsó el gobierno nacional trae consigo un debate técnico que los medios raramente profundizan y que los funcionarios prefieren no mencionar: la desregulación de la operatoria aduanera no vino acompañada de los mecanismos de control post-despacho que la situación exige.
No es una crítica ideológica a la apertura. Es una observación técnica de quien lleva más de 20 años trabajando en los distintos eslabones de la cadena de comercio exterior.
Abrir la canilla sin revisar los caños equivale a reducir el costo visible del agua mientras el agua se pierde por las pérdidas que nadie repara.
La subfacturación: el elefante en la habitación
Existe en Argentina —como en toda la región— una práctica que no es nueva pero que se profundiza en contextos de apertura acelerada: la subfacturación de importaciones.
La lógica es simple: si el valor declarado en aduana es menor al valor real de la mercadería, los tributos que se pagan son menores. El importador paga menos arancel, menos IVA, menos percepciones de Ganancias. El Estado recauda menos. La industria nacional compite contra un precio que no es real.
No se trata de casos aislados. Se trata de una práctica sistemática en ciertos rubros, donde el diferencial entre el precio de lista internacional y el valor declarado en Aduana puede ser significativo.
Los mecanismos existen: valoración según el Acuerdo de Valoración del GATT (adoptado por Argentina), precios de referencia INDEC, canales de selectividad aduanera. El problema no es normativo. Es operativo: la capacidad de control post-despacho es limitada y, en el contexto de la Resolución 16/2025, se redujo aún más.
Lo que la Resolución 16/2025 cambió —y lo que no
La Resolución 16/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio simplificó requisitos de certificación y habilitó el reconocimiento de certificaciones internacionales. En el papel, es una medida razonable para reducir barreras burocráticas.
Pero desregular los controles previos al despacho sin fortalecer los controles posteriores genera un flanco abierto que ya estamos viendo aprovechar.
La fiscalización post-despacho —es decir, la verificación de que la mercadería que ingresó cumple con lo declarado— requiere recursos humanos, tecnológicos y presupuesto en AFIP y en las oficinas de control. Esos recursos no se multiplicaron. En varios sectores, se contrajeron.
Desregulación no es sinónimo de ausencia de control. Es —o debería ser— el reemplazo de controles burocráticos previos por controles inteligentes posteriores. Sin la segunda parte, es simplemente liberación sin responsabilidad.
El impacto en la industria nacional: un dato que no aparece en los discursos
El impacto de la subfacturación no es abstracto. Es concreto y medible, aunque raramente medido:
- Una empresa nacional compite contra un importador que subfactura sus precios de origen. El costo del producto importado declarado es artificialmente bajo. La competencia no es de mercado: es de evasión.
- El Estado no recauda la diferencia en aranceles, IVA y percepciones. En rubros de alto volumen, esa diferencia acumulada es significativa.
- El importador que opera en regla —declarando valores reales, pagando todos los tributos— compite en desigualdad de condiciones contra quien subfactura. No es un problema de eficiencia ni de talento comercial: es un problema de reglas que no se hacen cumplir.
Este no es un problema nuevo. Pero la combinación de apertura acelerada y relajamiento de controles lo volvió más visible y más urgente.
La víctima invisible: el importador que trabaja bien
Hay un actor en este escenario que rara vez aparece en el debate público: el importador que cumple. El que contrata un despachante de aduana serio, que declara el valor real de la mercancía, que paga el arancel, el IVA, las percepciones de Ganancias, los gastos bancarios, calculado sobre la base correcta. El que financia el capital inmovilizado durante 90 días de tránsito y trámite sin atajos.
Ese importador llega al mercado con un costo de mercancía que puede ser un 15%, 20% o 30% más alto que el de quien subfactura. No porque sea menos eficiente. Porque paga lo que el otro no paga.
La consecuencia es previsible: o baja su margen hasta hacerse insostenible, o sube su precio de venta y pierde competitividad frente al que no cumple. En ambos casos, el mercado premia la irregularidad y castiga la seriedad. Eso no es competencia: es una distorsión que destruye los incentivos correctos.
El importador serio no pide protección ni barreras. Pide que las reglas que a él se le exigen también se les exijan a los demás. Eso es todo. Y es mucho.
Es llamativo que, en el debate sobre la apertura de importaciones, nadie mencione a este actor. Se habla del consumidor que accede a productos más baratos. Se habla del industrial nacional que compite. Pero el importador que cumple —que genera empleo, que paga impuestos, que construye una cadena comercial formal— queda invisibilizado entre los dos bandos de una discusión que no lo incluye.
La subfacturación no es un problema exclusivo del Estado o de la industria. Es un problema de todo el ecosistema. Cuando un importador serio pierde negocio frente a uno que evade, el daño no es solo económico: es cultural. Se instala la idea de que operar en regla es una desventaja competitiva. Y ese mensaje, una vez instalado, es muy difícil de revertir.
Qué debería hacerse: tres medidas técnicamente viables
No se trata de cerrar la apertura ni de volver al proteccionismo. Se trata de completar la política con su segunda mitad:
1. Fortalecer la fiscalización post-despacho. El sistema SELECT de AFIP tiene capacidad técnica para cruzar valores declarados con precios de referencia internacionales. Necesita presupuesto y voluntad política para operar con mayor frecuencia en los rubros sensibles.
2. Transparentar los precios de referencia del INDEC. Los precios de referencia por posición NCM existen. Publicarlos en tiempo real y con mayor desagregación reduciría la brecha de información que permite la subfacturación.
3. Fortalecer el control en terreno. La fiscalización de la mercadería ingresada —rotulado, composición, origen real— requiere inspectores y laboratorios. La Resolución 16/2025 acepta certificaciones internacionales, pero alguien tiene que verificar que lo que dice el certificado coincide con lo que hay en la caja.
Una reflexión final
La apertura de importaciones puede ser una política correcta. La simplificación regulatoria puede ser necesaria. Pero ninguna política económica es completa si no incluye los mecanismos para que sea justa.
Mientras el control post-despacho no se fortalezca a la altura de la apertura que se implementó, los que pierden son siempre los mismos: el industrial que invierte en el país y compite contra precios artificialmente bajos; el importador serio que declara valores reales, paga todos sus tributos y ve cómo el mercado premia al que no cumple; y el Estado que financia sus servicios con una recaudación que no se materializa porque alguien decidió que las reglas son opcionales.
Decirlo no es ser anti-mercado. Es ser pro-reglas. Y las reglas solo funcionan cuando alguien las hace cumplir.
Ana María Videla
Fundadora y CEO — IBAC Internacional
Licenciada en Comercio Internacional
Especialista en optimización de operatoria de comercio exterior
www.ibac.com.ar | LinkedIn: Ana María Videla